2 de octubre de 2023

Estimados colegas:

Confío en que pudieron aprovechar el verano para descansar un poco. 

La temporada de huracanes nos ha ocupado con la defensa de la Ley 204, nuestra licencia profesional. En agosto activé un comité especial para defender nuestra licencia ante la amenaza de derogación que representa el Proyecto del Senado 1276, radicado por la senadora Joanne Rodríguez Veve. 

El P. del S. 1276 propone establecer la “Ley para la Revisión, Aprobación o Derogación Ordenada de las Licencias Ocupacionales en Puerto Rico”.

Sé que nuestra ley no es perfecta, no creo que ninguna lo sea, pero es nuestra ley y pienso que debemos defenderla para que tengamos la oportunidad de mejorarla. Hay otros países donde existe algún tipo de regulación como, por ejemplo, Perú, Panamá, Brasil, Nigeria y Suiza. En los Estados Unidos lo debaten continuamente. Lo que sí me queda claro, es que cada vez que le hablo a un colega extranjero sobre nuestra profesión regulada, lo reciben con admiración y respeto. Somos forjadores de opinión pública y como tal tenemos muchísima responsabilidad.

El mencionado proyecto propone un marco conceptual de política pública para la revisión sistemática y periódica de las 129 licencias ocupacionales y profesionales existentes en Puerto Rico, en un periodo de 5 años, así como la necesidad de derogar licencias y requisitos de licencias de determinarse que ya no son necesarias.

También propone crear un Comité para la Reglamentación de Licencias Ocupacionales que tendrá la facultad de proponer legislación para eliminar o modificar licencias existentes, así como modificar o evaluar cualquier legislación que tenga como fin crear una nueva licencia ocupacional o que enmiende licencias ocupacionales existentes, trabajando en un vacío, sin contar con la opinión de ningún representante de ninguna de las 129 licencias a ser evaluadas y sin peritaje definido para esta tarea tan amplia.

Además, el P. del S. 1276 propone los siguientes temas que nos preocupan:

Sección 1.03 (a) Certificación gubernamental:

“La certificación gubernamental se refiere a un reconocimiento intransferible otorgado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a un solicitante que cumple con ciertos requisitos relacionados con una ocupación lícita, pero que no constituye una “licencia ocupacional”. La otorgación de esta Certificación Gubernamental le permitirá a su tenedor hacer publicidad de esta certificación ante terceros”.

Sección 1.03 (b) Registro gubernamental:

“El registro gubernamental se refiere a un requisito de notificación al gobierno que deberá incluir el nombre y dirección de la persona, la ubicación de la ocupación lícita a llevar a cabo, así como una descripción del servicio que la persona provee. Para ser incluido en el registro gubernamental no será necesario presentar cualificación personal alguna”.

Sección 4.01. — Cláusula de cumplimiento:

“Se autoriza a el Comité para la Reglamentación de Licencias Ocupacionales y cualquier otra agencia, departamento o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a crear, enmendar o derogar cualquier reglamentación vigente para cumplir con el propósito establecido en esta Ley”.

Todas estas secciones nos preocupan porque presenta un andamiaje burocrático para que las licencias pasen a ser meras certificaciones sin mostrar credenciales educativas y sin necesidad de educación continua, además de conferir poderes muy amplios a los integrantes de ese Comité.

En estos momentos, el proyecto ha sido referido a la Comisión de Gobierno que preside el senador Ramón Ruiz Nieves. Dicha comisión ya solicitó memoriales explicativos a agencias de la rama ejecutiva relacionadas: Departamento de Estado, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos “OATRH”, Departamento del Trabajo y Departamento de Justicia.

Se anticipan posturas favorecedoras por parte del sector empresarial e integrantes de gremios opuestos a la licenciatura, así como de la Junta de Supervisión Fiscal la cual encomendó un estudio que utilizan como referencia en el proyecto. Existe la posibilidad de vistas públicas, sin descartar que se baje por descargue si la presidencia del Senado solicita asumir el proyecto. Es probable que se vea en la sesión legislativa actual que termina en noviembre y solo restan dos sesiones el próximo año.

¿Qué hemos hecho?

1. Se activó un comité especial para la Defensa de la Ley 204, compuesto por los siguientes socios voluntarios: Iris Rivera, Isadora Hernandez, Ivelisse Rivera, Karen Garnik, Norma Colon, Doris Torres, Aracelis Otero, Claudia Aponte, Jorge Beniquez, Muriel Lázaro, Zaima Negron, Marisa Vega y Laura Fernandez.
2. Se envió un comunicado de prensa a los medios expresando nuestra oposición al proyecto, resaltando la forma en que afectaría el desempeño de nuestra disciplina y los servicios a la ciudadanía.
3. Se redactó y se entregó un memorial explicativo de parte de la ARPR con nuestra oposición al proyecto, dirigida al presidente de la Comisión de Gobierno, Ramón Ruiz Nieves.
4. Se han llevado a cabo 10 reuniones individuales con senadores integrantes de la Comisión de Gobierno y se ha solicitado reunión con la Oficina de Reglas y Calendario del Senado presidida por senador, Javier Aponte Dalmau.

El próximo martes, 10 de octubre tenemos en agenda una reunión con el presidente del Senado y estamos listos para solicitar formalmente deponer en vistas públicas, si deciden llevarlas a cabo.

Recomendamos que envíen cartas oponiéndose a este proyecto. (Puedes descargar y editar una carta modelo que hemos generado para facilitar el proceso, ver adjunto).

En confianza me pueden escribir directamente si me quieren colaborar o comentarle sobre esto proyecto: tdardet@prlinksco.com.

Atentamente,

E. Tomás Dardet, APR, Lic. R-17

Presidente

Junta de Directores 2022-2023

Asociación de Relacionistas de Puerto Rico (ARPR)

Documento adjunto: