Se trabaja un primer esfuerzo para la regulación que no tuvo resultados. Un segundo esfuerzo de investigación y educación se trabajó desde mediados de los 80 hasta el 1991, pero no se convirtió en un proyecto de ley.

Como parte del Plan Estratégico de la Asociación de Relacionistas de Puerto Rico (ARPR), diseñado para los años 2002 al 2007 y aprobado en Asamblea, se dirigieron los esfuerzos a impulsar un mecanismo de ley que permitiera la regulación de la práctica de las relaciones públicas en Puerto Rico. Desde entonces, se llevaron a cabo un sinnúmero de conferencias, charlas, mesas redondas, visitas a firmas y agencias de relaciones públicas, visitas a legisladores, para dar a conocer la intención de regular la práctica de las relaciones públicas.

Se culmina el proceso de educación mediante la realización de una mini-convención, en la que se lleva a cabo la votación y mandato para comenzar el proceso de regulación. Se efectúa un estudio comisionado por la ARPR y realizado por Research & Research cuyo objetivo era conocer el perfil del relacionista profesional en Puerto Rico y la situación de la industria, así como la posición en cuanto a la regulación de la profesión se refiere. De éste, se desprendió que un 85% de los relacionistas entrevistados dijeron favorecer la regulación de la profesión. Los resultados de este estudio se presentaron en la Convención del 2006.

Orientación sobre el proceso de regulación para practicantes en el gobierno. 27 de septiembre de 2006: La Oficina de Servicios Legislativos somete un informe en el que concluye que “Tomando en consideración todo lo antes esbozado, opinamos que no media impedimento alguno para que en Puerto Rico se reglamente o se requiera la colegiación obligatoria de los relacionistas públicos”. Octubre 2006: Durante la Convención se presentaron a los socios los puntos principales que contendría el Anteproyecto de Ley.

El Senado de Puerto Rico aprueba el P. del S. 2450. Dicho proyecto, según se desprende de la Exposición de Motivos, persigue, entre otras cosas, “elevar las relaciones públicas a nivel de una profesión reglamentada; proveer una herramienta que refuerce el cumplimiento a cabalidad del Código de Ética; velar por el interés público; colaborar con la comunidad empresarial y gubernamental en la identificación de profesionales capacitados para ocupar puestos de trabajo o recibir contratos de servicios profesionales en el campo de las relaciones públicas; y promover la educación continua de todos los practicantes”.

Durante la Convención 2013 se llevó a cabo un estudio sobre preparación del relacionista actual y su disposición a que la profesión sea regulada. El mismo evidenció que un 76% de éstos endosaba la colegiación como mecanismo de regulación. La Asamblea de ARPR encomendó a su Junta de Directores iniciar procesos encaminados a impulsar la colegiación como herramienta de regulación y defensa de la profesión.